Universidad, sinónimo de lucro
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Wilmar Vera
Docente del programa de Comunicación y Periodismo |
La controvertida ley de Educación Superior promulgada por el Gobierno nacional ha generado en los últimos días reacciones por parte de los entes educativos, rectorales y comunitarios, pues para muchos es la antesala de la tan anunciada “privatización”. Y es que una de las principales piedras en el zapato que esgrimen sus detractores es conformar universidades con “ánimo de lucro”, figura que en economía se aplica y entiende muy bien pero llevada al contexto de la educación genera dudas.
Cuando una empresa genera lucro, de acuerdo con los especialistas en el tema, implica necesariamente que sus socios o inversionistas reciban, una vez terminado el año financiero, las correspondientes ganancias que merecen al invertir en un negocio, con la esperanza de que no sean cifras en rojo las que arrojen los balances. ¿En ese saco cabe la educación? ¿Y máxime la superior? ¿O para quién está diseñada esa propuesta?
Una primera respuesta a esos interrogantes es que desde el Gobierno nacional, la educación pasó de ser un “derecho de la persona” (Art. 67) a “… La educación superior es un SERVICIO público cultural…”. De derecho a servicio hay mucho trecho, porque uno lo garantiza y regula el Estado, el otro lo pasa a particulares que, de buena o mala forma, se encargan de administrarlo (vea la salud cómo le ha ido de bien a los socios de las EPS, ARS), bajo la premisa de que el sector privado maneja mejor los recursos que el Estado. Pura aplicación del “Estado a su mínima expresión” pregonado por Margaret Tatcher y continuado años después por el ideólogo de Juan Manuel Santos y la Tercera Vía, Tony Blair.
Algunos de los principales interesados en esta figura de universidades no preocupadas por la formación, ni la construcción de ciudadanos útiles y productivos a la sociedad, como fue el origen tanto de las públicas como privadas, puede estar en el mercado extranjero, e incluso el caso de Brasil como país que tiene Universidades-Empresas lo esgrimen como ejemplo. Desconocen sus áulicos que también el gobierno de Luiz Inacio da Silva invirtió en la universidad pública y la fortaleció, con el fin de que fuera otra alternativa de acceso a la formación en su país. Allí, de acuerdo con un estudio sobre estadísticas de educación, existen instituciones de orden Federal, Estatal o Municipal, así como Particulares, Confesionales, Comunitarios y Filantrópicas. Pues ya que el vecino es modelo a seguir, porqué no copiar bien las cosas y abrir las posibilidades a que no solo las empresas privadas, tal vez con capital extranjero ad portas de una renegociación del TLC, inunden el mercado colombiano de formación y sean otras figuras las que entren a competir por la menguada y cada vez más pequeña torta del presupuesto.
La universidad como negocio es un buen negocio para sus dueños y malo para sus alumnos. Ya se vio el caso de politiqueros expatrocinadores de masacres que venden sueños en instituciones que carecen de calidad, compromiso y genera rechazo entre los empleadores, o exembajadores que abrieron universidades de garaje para sonsacar los pocos recursos de aquellos que deciden –más por necesidad que por gusto o elección- matricularse en esas instituciones. En Colombia menos de dos millones de jóvenes entre los 17 y 24 años acceden a la formación superior, es un mercado “pulpito” de casi 7 millones los que están por fuera de la cobertura educativa. Un target interesante y apetitoso para aquellos que creen que lo importante es generar plata, no formar, porque ya lo reza el viejo adagio y que impide aplicarlo para esa propuesta estatal: bussines are bussines.
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